La jurista advierte que el Gobierno usa la “optimización” como excusa para despidos discrecionales y sin garantías en el sector público.
La abogada laborista Angie Toapanta advirtió que el servicio público y sus trabajadores enfrentan una ofensiva directa del propio Estado ecuatoriano, tras la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, el pasado 26 de junio.
“Los servidores públicos se encuentran bajo ataque del Gobierno Nacional, es decir, por parte de su propio empleador.
Esto en realidad son despidos o desvinculaciones discrecionales, todo con base en un camino legalizado, lo que no quiere decir que sea justo”, señaló Toapanta en entrevista con Punto Noticias.
La jurista explicó que, antes de la aprobación de esta nueva normativa, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) ya contemplaba la supresión de puestos, pero ofrecía ciertos blindajes legales para evitar despidos arbitrarios. “Ahora se eliminó todo”, lamentó.
Toapanta también cuestionó la nueva justificación incluida en la reforma legal, que permite cesar a trabajadores bajo el argumento de “innovación u optimización”.
Según dijo, esta redacción otorga a las autoridades la facultad de decidir discrecionalmente sobre cambios institucionales, sin necesidad de pruebas objetivas sobre mejoras en eficiencia.
“El verdadero obstáculo para el Gobierno son los funcionarios que denuncian la falta de medicamentos en hospitales o los empleados del Registro Civil que trabajan sin insumos”, sostuvo.
La especialista en derecho laboral alertó que estas medidas no solo vulneran los derechos de los trabajadores del sector público, sino que afectan directamente a la ciudadanía, al debilitar los servicios estatales en áreas sensibles como salud, educación y atención civil.
Radio Pichincha
