El examen especial de la Contraloría sobre los contratos eléctricos de Celec con Progen y Austral no establecen responsabilidades en contra de las autoridades del Gobierno que participaron en el proceso.
Las auditorías de la Contraloría apuntan directamente a los gerentes de las Unidades de Negocio Termopichincha y Electroguayas, de la holding estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Ellos firmaron tres polémicos contratos en medio de la emergencia eléctrica: dos con Progen y uno a Austral Technical Management.
Con estos y otros contratos más, el gobierno de Daniel Noboa busca que no haya apagones generalizados en este año y evitar un escenario parecido a lo ocurrido en 2024.
Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha, suscribió los dos contratos con Progen.
Mientras que Manuel Barberán Cedeño, entonces gerente de Electroguayas, firmó el contrato con Austral Technical Management.
Ambos funcionarios ya salieron de Celec.
El examen especial de la Contraloría apunta también al personal técnico, operativo, jurídico y administrativo de esas unidades de negocio que estructuraron los tres contratos.
Especialistas y expertos en Derecho señalan que las auditorías de la Contraloría -donde se revela las irregularidades técnicas, legales y contractuales en los contratos- olvidan a funcionarios clave del Gobierno de Daniel Noboa que habrían ayudado a armar los polémicos contratos.
En esa lista estarían:
- El Presidente Daniel Noboa
- El ministro Roberto Luque
- El exministro de Energía, Antonio Goncalves
- El exsecretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong
- El exgerente de Celec y recientemente exviceministro de Electricidad, Fabián Calero
- Y, la actual ministra de Energía, Inés Manzano.
Radio Pichincha explica cómo cada uno de ellos tomó decisiones y acciones para impulsar estos polémicos contratos.
El culebrón
En medio de una crisis eléctrica, la administración de Daniel Noboa asumió el país en noviembre de 2023.
Prometió que pondría fin a los apagones enseguida, pero eso no ocurrió. Luego, ya en media crisis eléctrica -el 16 de abril de 2024- Noboa le pidió la renuncia a su ministra de Energía, Andrea Arrobo; la acusó de ser cómplice de sabotaje por los apagones de esa época.
Además, Roberto Luque fue encargado de dirigir el Ministerio de Energía. Bajo su mando, decretó la emergencia al sector eléctrico, en la que se determinó que se priorizará la adquisición y generación adicional de energía eléctrica que permita disminuir y eliminarla actual crisis energética y/a continuidad del servicio público (…)”.
Para esa época ya hubo empresas que presentaron muestras de interés en contratos para la generación termoeléctrica, como la polémica empresa estadounidense Progen.
Luego, se facultó a Celec -presidida por Fabián Calero por ese entonces- para que impulse procesos de contratación eléctrica.
Para contratar en un tiempo récord y saltándose los procesos de contratación tradicional, Celec se declaró en emergencia el 10 de junio de 2024.
En agosto de 2024, Antonio Goncalves renovó esa declaratoria de emergencia al sector eléctrico y la emergencia prosiguió con la actual ministra de Energía, Inés Manzano. Lo mismo pasó con Celec.
Durante las dos emergencias eléctricas declaradas por la Celec se firmaron -al menos- nueve contratos, pero, por ahora, los focos se centran en tres contratos observados por Contraloría.
Calero fue el gerente de Celec cuando se suscribieron estos polémicos contratos, pero no firmó ninguno.
Por lo general, estos contratos deben ser suscritos por la máxima autoridad de Celec.
En la declaratoria de emergencia de Celec se estableció que las nuevas contrataciones eléctricas sean de responsabilidad de los gerentes de las Unidades de Negocio de Celec.
Por eso, los contratos eléctricos de emergencia fueron firmados por los gerentes de las unidades de negocio y no por el Gerente General ni por el Ministro de Energía de aquel entonces.
Los firmantes con Progen y Austral
Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha, suscribió los dos contratos con Progen:
- Una planta de generación térmica terrestre de 50 megavatios, en Quevedo, por USD 49,7 millones.
- Una planta de generación térmica de 100 megavatios, en El Salitral, por USD 99,4 millones.
Mientras tanto, Manuel Barberán Cedeño, entonces gerente de Electroguayas, suscribió con Austral Technical Management SAS:
- Un contrato para que genere entre 91 y 150 megavatios en Esmeraldas por un costo de USD 89,9 millones.
Tanto Barberán como Orozco -que firmaron contratos que suman USD 239 millones- ya no trabajan en Celec desde hace varios meses.
En tanto, Calero dejó Celec y se convirtió en el Viceministro de Electricidad el 12 de octubre de 2024. Este 16 de julio de 2025 renunció al cargo, tras los exámenes especiales de la Contraloría.
Pese a que Calero no firmó los contratos, el Código Orgánico Administrativo señala que, quien delega es el responsable de las decisiones ejecutadas por el delegado.
Esta norma regula el ejercicio de los organismos del sector público.
El artículo 71 del Código, referente a los efectos de la delegación, señala en el numeral 1 que: “Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante”.
Noboa, Luque y Wong revisaron los contratos
En una entrevista con el periodista Carlos Vera, Roberto Luque dijo que, junto con el exsecretario de la Administración Arturo Félix Wong y el presidente Noboa, trabajaron en la contratación de nueva energía termoeléctrica.
Incluso, Luque visitó -en mayo de 2024- las instalaciones de Progen, en Estados Unidos, para “contrastar y cotejar que la oferta presentada pueda cumplir en precios y plazos”, y así evitar problemas futuros. Algo que, finalmente, no ocurrió.
Según un video en sus redes sociales, Luque viajó con Calero a Estados Unidos.
Asimismo, el ministro Antonio Goncalves aseguró que las verificaciones se hicieron cumpliendo con todos los procesos legales. Y, a su llegada a la cartera de Energía, la actual ministra Inés Manzano trató de sostener el proceso, aunque en algunas declaraciones ya mostró los problemas en los contratos con Progen.
Pedido a la Fiscalía
La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó a la Fiscalía -el 17 de julio de 2025- que se investigue “a todos los responsables, directos o indirectos, de los contratos con Progen y ATM”.
En un comunicado, la organización advirtió que la indagación no debe limitarse únicamente a los “funcionarios operativos”, sino que también debe determinar si existieron delitos como tráfico de influencias y peculado.
Este pedido ocurre luego que la Contraloría confirmara que las auditorías realizadas evidenciaron irregularidades y perjuicios económicos para el Estado.
Los tres contratos presentan retrasos y corren el riesgo de que no estén activos en el estiaje, en septiembre de 2025.
Radio Pichincha
