En 32 años, al menos cinco mandatarios han afrontado crisis energéticas causadas por el estiaje.

Desde 1992, Ecuador ha enfrentado al menos cinco crisis energéticas bajo distintos gobiernos que han llevado a los presidentes de turno a adoptar medidas extremas, desde adelantar el reloj una hora, hasta decretar vacaciones y la suspensión de actividades laborales.

La primera crisis golpeó en enero de 1992, durante el mandato de Rodrigo Borja. Una sequía redujo la producción hidroeléctrica y Paute operando a solo el seis por ciento de su capacidad. Durante dos meses, el país soportó fuertes racionamientos y cortes de luz, mientras el gobierno utilizaba como principal medida la importación de combustible para cubrir el déficit.

"Nos afectó una gran sequía y pasábamos viendo al cielo a ver qué mismo ocurría, si llovía o no llovía", relata Gonzalo Ortiz, quien se desempeñó como secretario general de la Administración de Borja. El estiaje hizo que por primera vez desde su inauguración en 1983, la hidroeléctrica de Paute se paralizara por completo el 25 de enero.

Antes de dejar el cargo, la administración de Borja avizoró que, si no se trabajaba en nuevos proyectos de infraestructura energética, el país quedaría vulnerable a interrupciones de luz a finales de ese mismo año.

Deben comprender que los daños causados a la madre naturaleza genera efectos negativos a la humanidad y agudiza desigualdades, mientras la riqueza se acumula en pocas manos, agregó Leonidas Iza.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reclamó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la falta de cumplimiento de los Estados miembros respecto a sus compromisos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la región.

En el marco del 23 periodo de las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Leonidas Iza, les recordó a los asistentes que el 22 de septiembre de 2014, los Estados reafirmaron su compromiso sobre la carta de la ONU para precautelar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, cosa que no ha cumplido.

“Decenas de hermanos han pasado por este lugar, año tras año, para hacer un llamado a la humanidad, Estados y multinacionales, para que cumplan con estos acuerdos adoptados por los Estados”, agregó.

El expolicía Germán Cáceres, sentenciado por el femicidio de su esposa María Belén Bernalapela su condena de 34 años 8 meses de cárcel. Esa pena fue impuesta por un Tribunal de primer nivel el pasado 25 de mayo de 2023.

La madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, confirmó a Teleamazonas.com que la audiencia de apelación está convocada para el próximo 22 de abril de 2024, a las 08:00, en la Corte Provincial de Pichincha.

En esa diligencia, un Tribunal analizará si ratifica la condena actual de Cáceres de 34 años y 8 meses de prisión o acepta el pedido de apelación de Cáceres.

La noticia se da después de difundirse las declaraciones del presidente Daniel Noboa respecto a la incursión en la sede diplomática mexicana.

El presidente Gustavo Petro anunció este lunes 15 de abril, a través de su cuenta de X, de la suspensión del gabinete bilateral entre Colombia y Ecuador como respuesta a la incursión del Gobierno de Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas.

"Creo que lo sucedido en la embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo", escribió Petro, a la vez que reposteó una noticia que recogía las declaraciones de Noboa respecto al allanamiento a la sede diplomática.

"Yo no tengo remordimientos" o "Invitaré al presidente Obrador a comer un ceviche" fueron algunas de las expresiones del Primer Mandatario ecuatoriano en una entrevista con el medio australiano SBS News.

“Esto configura una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, advirtió el consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores de México, alertó que el Gobierno de Ecuador sí intervino y escuchó comunicaciones privadas de su Embajada en Quito. Además, explicó que esto configura una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Celorio explicó que ya se presentó la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y solicitó medidas provisionales para evitar que exista un nuevo asalto a su local, donde funcionaba su Embajada en Quito.

“Hemos solicitado medidas provisionales para Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Es importante que la Corte ordene que Ecuador respete la inviolabilidad de nuestro local y que no se repita la agresión sufrida”.