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En una entrevista mantenida en Radio Sonorama, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se refirió a la consulta popular que anuncia el presidente Guillermo Lasso, en donde se podría incluir el tema de cambios en el sistema de justicia. Para él esta iniciativa no significa que el mandatario quiera “meter mano a la justicia” sino que hay preocupación y se puede mejorar y reformar.
Saquicela explicó que hay diferentes formas de administrar la justicia y eso es lo que hay que debatir y sobre todo dejar en claro las funciones de cada institución. En esa línea reconoció que no hay ningún conflicto personal entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, pero la preocupación nace sobre un conflicto de competencias.
“Considero que hay que dejar claro que la Judicatura tiene funciones administrativas y financieras para evitar la interferencia en la independencia de los jueces”. Menciona que hay varios modelos para administrar la justicia y se podría considerar una Corte Suprema o a su vez revisar las funciones del Consejo de la Judicatura.
Sobre el caso del policía Santiago Olmedo, Saquicela aclaró que no puede decir si la sentencia está bien o mal pero sí pidió informarse y conocer el caso antes de emitir un pronunciamiento. “No se le está acusando de homicidio o asesinato, se lo condena porque según los jueces se extralimitó en sus funciones”. Añadió que entienden el laboral de los policías pero en esa misma línea se debe entender a los jueces, que actúan de acuerdo a lo que dice la ley.
Fuente. Radio Sonorama
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Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana fue crítico con las decisiones del COE Nacional, ante la aparición de la variante ómicron.
El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Santiago Carrasco, habló para Ecuavisa.com sobre la situación actual de contagios en el país, además de las cifras de médicos infectados, el cual tildó de "preocupados, por la nula presencia de las autoridades".
Según Carrasco, por el momento hay más de 600 galenos fallecidos por Covid-19, desde que inició la pandemia en el 2020.
En relación a la curva de contagios, Carrasco apunta que la "vamos a tener de manera ascendente hasta mediados del mes de marzo".
"Ojalá tengamos un comportamiento prudente como para que la curva empiece a decrecer a inicios del mes de marzo, mientras tanto seguirá evolucionando de manera significativa hasta esa fecha", agregó.
Carrasco también alertó que la emergencia sanitaria se agrava “en el país se agrava por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos“. Además, criticó al COE Nacional por emitir las resoluciones cuando los contagios ya se “dispararon” en el país y “se dieron fuera de tiempo”.
Cabe recordar que Ecuador registró este lunes 4.448 nuevos casos de contagio de covid-19 y acumuló 629.507 positivos durante la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte epidemiológico diario.
El registro sobre muertes confirmadas por covid-19 ascendió a 24.315 durante la pandemia, 4 más que el reporte del domingo, a los que se suman 9.917 fallecidos "probables", para un total de 34.232 defunciones.
La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, acumula la mayor cantidad de contagios con 221.417 positivos, 976 más que el registro del domingo; seguida de la costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 105.648 (565 adicionales).
Luego aparecen las provincias de Manabí (42.505), El Oro (34.071), Azuay (31.487), Imbabura (21.087), Loja (20.880), Tungurahua (18.398), Los Ríos (15.460), Cotopaxi (13.986) y Santo Domingo de los Tsáchilas (13.780).
Fuente. Ecuavisa
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El Pleno de la Asamblea Nacional, recibió a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura; Diana Salazar, fiscal General de Estado; Ángel Torres Machuca, defensor Público General; e, Íñigo Salvador, procurador General del Estado, quienes expusieron sus informes de labores realizadas en el 2021, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Leer más: Autoridades del sector de justicia y el Procurador expusieron sus informes de labores 2021
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La reforma laboral es una de las principales herramientas para revertir esta realidad. Actualmente, el país tiene más de 5,2 millones de personas en la informalidad.
La pandemia profundizó los problemas estructurales de las economías de América Latina. Uno de los sectores más afectados ha sido el laboral, con niveles crecientes de precarización e informalidad.
En este contexto, Ecuador se ubica en el sexto lugar de la región con respecto al porcentaje de trabajadores informales en el mercado laboral. Con un 63,5% de informalidad solo está por debajo de países como Bolivia (84,5%) o Guatemala (79%).
Un último análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en los primeros días de 2022, puntualizó que esos niveles podrían mejorar muy poco, o incluso empeorar durante este año, sino se ponen en marcha cambios reales en los modelos de contratación y se facilita la creación de empresas.
Leer más: Ecuador es el sexto país latinoamericano con más trabajadores informales
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El Pleno de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibió a las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, quienes presentaron los respectivos informes anuales de labores ejecutadas en el 2021.
El presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Danilo Sylva señaló que durante el 2021 se han realizado 15.401 acciones de control, 471 solicitudes de acceso a la información pública, 407 mecanismos de control social y participación ciudadana y 70.680 eventos de capacitación, entre otros.
Por su lado, el Contralor General del Estado (S), Carlos Riofrío señaló que, en el 2021 se emitieron 1.080 órdenes de trabajo, 361 informes con indicios de responsabilidad penal enviados a Fiscalía, 6.510 resoluciones de responsabilidades administrativas confirmadas, 1.876 glosas confirmadas, entre otras gestiones. Indicó que el valor recaudado a nivel nacional por procesos coactivos, resoluciones y predeterminaciones que asciende a USD 5’656.460,62.
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