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Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, fue sepultado la noche de este viernes 15 de abril en un cementerio del cantón El Carmen, en la provincia de Manabí.
La Policía Nacional confirmó que los restos de "Don Naza", quien fue hallado sin vida el pasado jueves en Quito, fueron enterrados en el camposanto de la parroquia rural El Paraíso-La 14.
La ceremonia fúnebre se llevó a cabo con pocos asistentes y con resguardo policial. Inicialmente se esperaba que Nazareno sea sepultado en Quevedo, provincia de Los Ríos.
Según el parte de la Policía, no se registraron incidentes durante la exhumación.
El cadáver de "Don Naza", presunto cabecilla de Big Money, una estructura piramidal que captaba inversiones, fue encontrado la mañana del jueves en la vía a Pasochoa, en Quito.
El comandante general de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, informó este viernes que una hemorragia producto de un balazo en la pierna izquierda de Nazareno fue la causa de la muerte.
En junio de 2021, Big Money logró que más de 5.000 personas, la mayoría de Los Ríos, invirtieran recursos económicos con la esperanza de obtener ganancias con el 90 % de interés en un corto plazo, desatando denuncias de fraude.
La semana pasada estaba previsto que se iniciara la audiencia preparatoria de juicio, virtualmente, a "Don Naza", su esposa y presunta sobrina, acusados de captación ilegal de dinero.
Días antes de su muerte, Nazareno fue visto dentro del Ministerio de Defensa, el recinto de la cúpula militar más blindado del país, pero del que escapó con ayuda interna.
Aunque el ahora occiso se autoproclamaba empresario, no tenía su firma registrada en ninguna compañía ni gerenciaba ninguna empresa.
Tanto el ingreso ilegal y no apercibido, en un primer momento, por las autoridades del complejo de Defensa, así como el hallazgo de grandes sumas de dinero y la detención de los sospechosos del círculo del ahora difunto, hicieron sonar las alarmas y han puesto el foco mediático y político en las posibles ramificaciones del caso entre mandos del Estado Mayor.
Fuente. Ecuavisa
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Los abogados de Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, enviaron una comunicación urgente a dos relatorías de las Naciones Unidas (ONU) alertando de la situación de su defendido, recientemente excarcelado gracias a un polémico habeas corpus.
La comunicación se presentó ante el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y ante la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
"Tras la concesión del habeas corpus existen riesgos de que se vuelvan a repetir las acciones de 'Lawfare' contra Jorge Glas", afirmó el equipo legal.
Argumentan su acción con base en resoluciones a favor de organismos internacionales que ha tenido Glas en los últimos años y "en la degradación de su estado de salud, demostrada, a través de múltiples certificados emitidos por médicos públicos y privados, motivo principal por el que se le concedió el habeas corpus", según su comunicado.
Los letrados recordaron que una resolución de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Glas, para garantizar la preservación de su vida y salud, y solicitó al Gobierno la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del mismo.
Además, la CIDH solicitó el establecimiento de una Comisión Técnica, integrada por médicos del Ministerio de Salud y privados, con el fin "de garantizar el respeto a la salud e integridad física y psicológica del mismo".
Posteriormente, dicha Comisión "atestiguó la gravedad y multiplicidad de problemas de salud encontrados en el beneficiario de las medidas cautelares", reza el escrito.
Del mismo modo, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió un dictamen en 2021 en el que expresaba su "gran preocupación por el deterioro de la salud" de Glas, así como por "las condiciones de peligro en las cuales se encontraba detenido".
Urgió entonces al Gobierno a adoptar acciones inmediatas para resguardar su seguridad y bienestar, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, tales como la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad.
Si bien, el habeas corpus concedido podría ir en esta dirección, la defensa de Glas alega riesgo de falta de independencia de los jueces que van a conocer de la apelación planteada y teme presiones.
"Si tras tomar una decisión, un juez es presionado por todos los poderes e incluso se encuentra en riesgo de perder su trabajo, estamos ante un caso claro de 'Lawfare'", consideran los abogados.
Vigilancia permanente
Los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Interior, Patricio Carrillo, reiteraron que harán su mayor esfuerzo para vigilar a Glas, quien ya cuenta con un seguimiento policial permanente.
No obstante, precisaron que no es posible garantizar al 100% que no pudiera fugarse o solicitar asilo político en una embajada, pese a que entre las medidas restrictivas impuestas por el juez está la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer una vez al mes ante un juzgado.
Los dos ministros defendieron la intención del Gobierno de revertir la medida a través de los mecanismos judiciales, sin una intervención del presidente o del Ejecutivo que vulnerase la división de poderes en la que se basa una democracia.
Jiménez también detalló que se solicitó a la Justicia medidas más restrictivas que permitan una vigilancia más detallada de Glas, como comparecencias más frecuentes ante el juzgado y el uso de un grillete electrónico que permita saber la ubicación de la persona.
Jorge Glas entró en prisión a finales de 2017 y fue condenado a ocho años de cárcel por "asociación ilícita" en un caso relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, mientras que luego fue sentenciado en otro caso de financiación ilegal de su movimiento político.
Él fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y por pocos meses al inicio de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021).
Fuente. Ecuavisa
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Un juez de la Audiencia Nacional española tomará en mayo declaración como investigados a representantes de las empresas Bustren y KV Consultores, ambas de España, por presuntos sobornos de 1,2 millones de dólares abonados en 2013 en la construcción del Metro de Quito.
Según confirmaron a la agencia de noticias Efe fuentes jurídicas, los días 3, 4 y 5 de mayo declararán como investigados ante el magistrado español nueve representantes de dichas compañías.
Bustren es una empresa especializada en el asesoramiento integral tanto a administraciones públicas como entidades privadas en materia de infraestructuras del transporte, en tanto que KV Consultores ofrece servicios de ingeniería civil y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Varsovia (Polonia).
En paralelo, Quito Honesto, la Comisión Municipal Anticorrupción de la capital, ha iniciado una investigación de oficio y ha instado al Municipio a acudir a la Fiscalía y al Ministerio de Relaciones Exteriores a recabar información.
El caso involucra al consorcio GMQ, formado por las españolas Bustren, KV Consultores y Prointec, la filial de ingeniería civil de Indra, aunque ésta última no figura entre las investigadas, que se adjudicó un contrato de consultoría por la que recibió en total unos 20 millones de dólares.
El Metro de Quito, una obra cuyo coste ya supera los 2.000 millones de dólares, fue construido por la empresa española Acciona, y a falta de operador está previsto que empiece a funcionar en el último trimestre de este año.
Este medio de transporte será el primer subterráneo de Ecuador y recorrerá la capital de norte a sur a lo largo de un recorrido de 22,6 kilómetros, en donde se construyó 15 estaciones en las que pararán una flota de 18 trenes, que se encuentran en la fase final de las pruebas de integración.
Fuente. Ecuavisa
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El Ministerio de Salud envió dos mensajes contradictorios este 12 de abril de 2022. En la mañana, la ministra Ximena Garzón dijo que se pedirá el carnet de vacunación con tres dosis en lugares públicos. En la tarde, la cartera de Estado publicó un comunicado diciendo que no es obligatorio.
Con base en esta información, se abre el debate de si es oportuno o no tomar esta medida para incentivar la vacunación.
Con corte al 11 de abril de 2022, en el país se han aplicado más de 5,4 millones de dosis de refuerzo, aunque hay más de 13 millones de personas con dos dosis, es decir alrededor de 7,7 millones de personas que podrían vacunarse con la dosis de refuerzo y no lo hacen.
Verónica Ayala pertenece a este último grupo, dice que no quiere vacunarse por tercera ocasión porque ha escuchado que los síntomas de la dosis de refuerzo son "súper fuertes". Al consultarle si accedería a vacunarse con esta dosis, si fuera obligatoria, dijo que "sino hay de otra, se la aplica".
El 21 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud informó que será obligatorio presentar el carnet con las dos dosis. Este anuncio no tuvo una respuesta significativa de los no vacunados. La primera dosis se incrementó en un 6 %, desde el anuncio hasta este 11 de abril, y la segunda en un 9 %. Sin embargo, la curva de dosis de refuerzo sí se disparó, creció el 81 %.
¿Qué opinan los gremios?
El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Carlos Cárdenas, dice que está a favor de una medida que incentive la vacunación. Argumenta que el manejo de la pandemia debe ser bajo un criterio de prevención y observando el comportamiento del virus en otros países.
Por ejemplo, menciona el caso de China, que ha confirmado un nuevo récord de casos de coronavirus y tomó medidas drásticas para el control sanitario.
"Mientras más protegidos estemos (...) los resultados van a ser mejores", dijo Cárdenas y explicó que la exigencia del carnet ha hecho que las personas se responsabilicen en la aplicación del esquema completo de vacunación.
Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, también está de acuerdo con una medida similar. Incluso, califica como positiva la exigencia vigente. Bajo su análisis, se dio la confianza a la ciudadanía de visitar ciertos lugares que antes tenían temor de ir por contagiarse. Además, la vacunación permitió la reactivación económica.
Sin embargo, aclara que debe ser una medida planificada y bajo criterios técnicos, es decir, solo si se evalúa que es necesaria la aplicación del refuerzo para evitar los contagios.
Ambos coinciden que es necesario que el Gobierno realice anuncios de manera oportuna y con claridad, para que la ciudadanía responda favorablemente.
Fuente. Ecuavisa
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Este viernes se llevó a cabo la audiencia contra cinco detenidos en el Ministerio de Defensa.
Tras los hechos ocurridos este jueves en el Ministerio de Defensa donde se detuvo a cinco personas y dinero en efectivo, la Fiscalía General del Estado presentó dictamen acusatorio contra Miguel Ángel N., Gabriela B. y Dayana S., como autor directo, autora y cómplice, respectivamente, del delito de captación ilegal de dinero.
Además, solicitó al juez, Carlos Bowen, que los tres sean llamados a juicio.
Cerca de las 10 de la noche de este jueves ingresaron a la Unidad de Flagrancia, en Quito, las cinco personas detenidas en el Ministerio de Defensa, con una fuerte suma de dinero en maletas y un arma de fuego.
En la audiencia se espera conocer el tipo penal por el que acusaría Fiscalía, que podría ser captación ilegal de dinero. El abogado de tres de ellos lo rechazó.
“Hasta este momento no hay una denuncia de alguna persona que este entregandoel dinero, hay que tomar en cuenta que este es un delito de estilo va y ven; es decir da para recibir o recibir para dar”.
Los detenidos estarían involucrados con el militar retirado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, quien estuvo en el parqueadero del complejo ministerial, según informó en un comunicado. Pero pese a la presencia inteligencia militar y Batallón de Policía Militar, escapó.
Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior del Ministerio de Defensa Nacional.
Alias, Don Naza, logró ingresar a esta dependencia pese a estar procesado por captación ilegal de dinero, también consultamos al abogado de los procesados quién les autorizó el ingreso.
“Esa es la pregunta, como le digo, al momento en que tuvimos la entrevista se nos permitió hablar por un momento y después fuímos interrumpidos porque tenía que ir al área de aislamiento”.
Fuente. Ecuavisa
