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Ministra de Educación advierte sanciones si se detecta accionar inadecuado en caso de violación a adolescente en transporte escolar
La ministra de Educación, María Brown, aseguró que continúan las investigaciones en torno al caso de violación de una adolescente de 15 años en el transporte escolar de un colegio del norte de Quito y advirtió que se aplicarán sanciones respectivas si se detecta algún procedimiento o un accionar inadecuado.
“Todavía no hay evidencia cierta de que haya habido una falta (...) Debemos tener todas las pruebas para sobre la base de ello emitir un criterio si la rectora tuvo algún fallo. De momento no tenemos la evidencia”, indicó la funcionaria.
La secretaria de Estado dio a conocer que, desde el Ministerio de Educación, se han interpuesto dos denuncias en la Fiscalía. La primera fue colocada en la Unidad de Flagrancia por parte de la familia de la víctima y otra que se coloca por parte de la autoridad de la institución educativa, esta última con el objetivo de “agilitar todos los procesos de la investigación”.
Aunque los hechos se suscitaron el jueves 21 de abril, la Ministra Brown los calificó de “nefastos” y que “no pueden quedar impunes”. Aseguró que trabajan desde la “política pública para que no se repitan, pero si se detecta algún procedimiento o un accionar inadecuado se realizarán las sanciones correspondientes”.
Finalmente, indicó que, desde el Ministerio de Educación se brinda acompañamiento a las víctimas y sus familias y que se sigue investigando cómo se dieron los hechos ese mismo día, cómo recibieron a la estudiante y el accionar de la Policía Nacional, “junto con el patrullero fueron a la Unidad de Flagrancia”.
Fuente. Diario el telégrafo
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López es designado como superintendente hasta el año 2024 y fue seleccionado de una terna que envió el presidente Guillermo Lasso
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó este martes, 26 de abril del 2022, a Marco López Narváez como nuevo Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en reemplazo de Víctor Anchundia, quien fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.
López fue seleccionado de la terna enviada por el Ejecutivo, a través de un proceso de verificación de méritos, con veeduría e impugnación ciudadana. Marco Giovanni López es ingeniero comercial, magíster en Administración de Negocios y ha trabajado como delegado del presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Además fue miembro del Observatorio de Política Fiscal y, entre otros cargos, fue miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador e Intendente de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías.
El nuevo funcionario de Estado basó su plan de trabajo en objetivos que integran el área de valores, societario y tecnológico. Estos son: instaurar una cultura institucional; apertura de canales de comunicación y rendición de cuentas; impulsar la autorregulación en los partícipes de los mercados; implementar programas de actualización y capacitación del talento humano; impulsar la inclusión financiera; impulsar programas de educación financiera y desarrollar herramientas tecnológicas efectivas.
Respecto a los otros postulantes que integraban la terna entregada por el presidente Guillermo Lasso, en ella estaban el doctor Esteban Coello Muñoz, quien envió una carta de excusa por estar inmerso en la prohibición señalada en el Reglamento; y la postulante María Tatiana García Plaza, quien no se presentó a la audiencia pública pese haber sido notificada.
La Resolución se aprobó con el voto motivado del presidente Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. Los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero se abstuvieron, mientras que no hubo pronunciamiento por parte de la consejera Sofía Almeida.
Marco Giovanni López fue designado como superintendente hasta el 2024. El Pleno del Consejo remitirá a la Asamblea Nacional la resolución con el nombre de la autoridad designada, para su posesión.
Fuente. Diario el telégrafo
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Al menos 15 reclusos de la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, resultaron heridos durante enfrentamientos que ocurrieron la mañana de este lunes 25 de abril.
Según información proporcionada por la Policía Nacional, se trató de una riña por poder entre presos pertenecientes a las bandas Latin King y Los Lobos.
Policías, militares y paramédicos acudieron a atender la emergencia en el Centro de Privación de Libertad Masculino Pichincha N° 1, nombre oficial de la prisión de El Inca.
De acuerdo al subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito, Enrique Bautista, tras la riña hubo requisas en los pabellones."Se decomisaron 25 armas cortopunzantes, pipas caseras y sustancias sujetas a fiscalización", relató.
Alrededor de las 11:30 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) reportó que la situación fue controlada.
Fuente. Ecuavisa
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Como pocas veces, casi todo el Pleno (131 de 137 votos) estuvo de acuerdo al aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Luego de siete conflictivas semanas, 131 de 137 asambleístas finalmente se pusieron de acuerdo para aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero lo hicieron como si se tratara de poner paños de agua fría a un moribundo, opinan dos analistas.
Uno de los puntos que los parlamentarios debían resolver se centraba en determinar las causas para la cesación del Contralor. Cómo no hacerlo si actualmente la institución funciona con el subrogante del subrogante.
Este escenario se tejió desde 2012, cuando el excontralor Carlos Pólit, involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht, dejó el puesto a Pablo Celi, quien luego fue a la cárcel, investigado por crimen organizado, y desde ahí dejó el cargo a Carlos Riofrío, actual Contralor subrogante.
Con este panorama en mente de los ecuatorianos, el 21 de abril de 2022, Guadalupe Llori celebró que la Asamblea dio paso al proyecto de Reforma a la Ley de la Contraloría. Dijo que es una manera de luchar contra la corrupción y el abuso del dinero público como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.
¿Cuáles son los cambios a la Ley?
Los asambleístas aumentaron tres artículos. Uno para definir los requisitos para ser Contralor General del Estado, otro para enlistar las razones por las que esta autoridad puede cesar en sus funciones y el tercer artículo aclara las condiciones en las que se darán los reemplazos, en caso de ausencia.
Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura de Estado, encargada de tratar el proyecto de reforma a la Ley, explicó a LA HORA que la esencia del cambio es mejorar las condiciones de reemplazo del Contralor.
Así, en caso de ausencia temporal se contará con el Contralor Subrogante, siempre y cuando no pase de los 60 días.
Si la ausencia es definitiva ya no pasará a dirigir la Institución el subrogante, sino que se tomará como nuevo Contralor oficial al segundo más puntuado del último Concurso de oposición y méritos realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
“El objetivo es evitar que se repitan los eventos protagonizados por Contralores anteriores, como que sigan trabajando desde la cárcel, sino que inmediatamente sean reemplazados y que no sean ellos quienes deleguen a quién poner en su lugar”, afirmó Jaramillo.
Medidas tibias
Las reformas aprobadas en segundo debate “son parches, son paños de agua tibia para un enfermo terminal” aseguró el Presidente del Centro de Estudios del Control Administrativo del Estado, Guido Escobar.
La Ley de Contraloría data del año 2002, tiene 20 años de retraso. “Es una Ley obsoleta, que fue hecha por auditores, pero no tiene una base técnica ni jurídica, tiene muchas deficiencias, no está modernizada”, insistió Escobar al señalar que por cómo está estructurada, la reforma a es solo para control de daños, “persiguiendo cuando ya robaron”, cuando se debería especializar en un control de prevención.
Para Escobar la actividad de control dentro de un Estado es una herramienta de defensa de la sociedad en contra de las arbitrariedades del poder y, por tanto, todos los ciudadanos deben proteger esta función.
“El trabajo de la Contraloría no es solo hacer auditorías, es velar el Derecho de los ecuatorianos de pedir cuentas de lo que hacen con los bienes públicos”, afirma el catedrático y PHD en Sistemas de Control Público por la Universidad de Salamanca.
Se necesita cambiar toda la Ley
Para Escobar se hace impostergable la creación de una nueva ley en la que se incorporen nuevas instituciones y figuras jurídicas. Eso significa que se requiere una normativa que le permita al organismo de control ser más eficaz en sus actuaciones.
“Se debe incorporar en su texto, los principios que sustentan el derecho a la buena administración pública y a contar con una administración pública libre de corrupción, los canales de denuncia y la protección al denunciante, los canales de participación ciudadana, los sistemas de control de gestión de la propia Contraloría” insistió.
El presidente de la Comisión que trató este proyecto de Ley, Alejando Jaramillo, aceptó que fue un cambio emergente debido a los conflictos que habían empañado el trabajo de la Contraloría los últimos cinco años. También aclaró que está pendiente y en la mira de la Comisión analizar la posibilidad de crear una nueva Ley.
Para el Doctor Guido Escobar es imprescindible “blindar las actuaciones del Contralor, fortaleciendo al máximo su autonomía e independencia, liberándolo del control político, que en la actualidad le mantiene atado de pies y manos, pues para mantenerse en su cargo, debe apostar por el juego inescrupuloso de las mayorías de turno”. (GVL)
Fuente. Diario la Hora
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La mañana de este 22 de abril de 2022 el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, firmó el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa, quien se encuentra domiciliado en el Reino de Bélgica. Minutos después, la defensa del exmandatario hizo pública la decisión de este país de conceder el asilo político.
Horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció “de fuente oficial” que se haya concretado esa petición.
Ante el escenario de un asilo político, el Estado ecuatoriano ya no tendría nada por hacer. Esteban Santos, abogado internacionalista y catedrático universitario, dice que las opciones para lograr que el expresidente Rafael Correa pague los ocho años de prisión por el Caso Sobornos era una difusión roja de Interpol, que ya fue negada, o un proceso de extradición.
Este último es solicitado por la CNJ y tramitado por la Cancillería. Aplica cuando alguien ha cometido un delito calificado como común y que ya tiene una sentencia ejecutoriada. En ese caso, la posibilidad de decidir sobre la extraditación de una persona es competencia del país donde se encuentre y depende de su normativa jurídica, aunque Santos aclara que se deberían respetar los acuerdos internacionales.
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Carlos Estarellas, profesor de Derecho Internacional, dice que aunque se conozca del asilo, la Cancillería debería realizar el procedimiento normal, aún sabiendo que la respuesta del gobierno belga sería negativa.
A criterio de Estarellas, un asilo político no aplicaría para Rafael Correa porque fue juzgado por cohecho, es decir un delito de corrupción que no demuestra una condición de vulnerabilidad. No habría razón para considerar que corre peligro en Ecuador, país donde se solicita su presencia.
El asilo político también tiene otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, dependiendo de las condiciones, Correa no podría pronunciarse respecto a asuntos políticos. Un ejemplo similar ocurrió en el caso de Julian Assange.
En 2018, el Ecuador dejó incomunicado al fundador de Wikileaks, que permanecía en la embajada ecuatoriana en Londres, por incumplir “el compromiso escrito que asumió con el Gobierno a finales de 2017, por el que se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados", de acuerdo a un comunicado del Gobierno de ese entonces.
El analista Estarellas dice que la prohibición de dar declaraciones políticas tiene su raíz en tratados de asilo.
Estarellas y Santos creen que también se le complicaría la movilidad al expresidente, a nivel de viajes internacionales. Incluso, sin la condición de asilado, Correa tenía que ser cuidadoso al momento de escoger su país de destino, porque ciertos lugares podían interpretar la sentencia ecuatoriana como suficiente para su extradición.
Ahora, si tuviera asilo, cabe la posibilidad de que el Reino de Bélgica le exija pedir permiso para salir de su territorio. En cualquier caso, fuera de él no tendría protección y su libertad dependería de las leyes del país al que se dirija.
La agencia EFE confirmó que fue el Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) quien le habría otorgado el estatus de refugiado. De acuerdo a esa oficina, el proceso constaría de cuatro pasos que incluyen la presentación de documentación y una entrevista personal, y concluyen con el otorgamiento de la protección.
Fuente. Ecuavisa
