Paro nacional: AME propone mediación de la Iglesia católica

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) expresó este lunes 29 de septiembre su pesar por la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cotacachi, y planteó la instalación de mesas de diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

En un comunicado, la AME advirtió que “ninguna demanda ciudadana debe ser respondida con represión” y destacó la necesidad de preservar la vida y la paz social. Además, mostró su solidaridad con la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien enfrenta un proceso judicial, y rechazó medidas como el bloqueo de cuentas que —dijo— pueden interpretarse como presiones políticas.

“Hoy más que nunca, nuestro deber como municipalidades es cuidar la vida, preservar la paz social y trabajar por la reconciliación nacional”, señaló la entidad.

Gobierno reitera que no cederá

La portavoz del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, ratificó este lunes que el Gobierno del presidente Daniel Noboa «no negociará» con los sectores movilizados y que las protestas «no detendrán los planes sociales en marcha».

“No nos vamos a detener. El Gobierno del presidente Daniel Noboa es claro. No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, afirmó Jaramillo.

Según la vocera, hasta ahora se han entregado 83.000 bonos raíces, de los cuales 1.803 corresponden a familias de Imbabura. A los transportistas se les ha destinado 10,5 millones de dólares, con 865 beneficiarios en esa provincia.

Jaramillo agregó que el convoy humanitario que ingresó a Imbabura la noche del domingo estuvo encabezado por el presidente Noboa, ministros del bloque de seguridad y representantes internacionales, entre ellos el nuncio apostólico, la embajadora de la Unión Europea y la coordinadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ecuador.

“Fueron recibidos con bombas molotov, piedras y obstáculos en la vía. Ha quedado en evidencia que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas”, subrayó.

El Gobierno reiteró que la prioridad es «garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos» y que «no cederá» ante lo que calificó como “grupos violentos infiltrados en las protestas”.

Sobre los incidentes en Cotacachi, Jaramillo afirmó que 17 militares continúan retenidos y que se desconoce su paradero. “Los actos violentos contra convoyes humanitarios, el secuestro de servidores públicos y la destrucción de bienes no son protestas pacíficas, son delitos que amenazan la vida y la convivencia”, dijo.

Impacto económico del paro

Mientras tanto, la Cámara de Industrias y Producción informó que las paralizaciones han generado pérdidas superiores a 42 millones de dólares en Carchi e Imbabura durante la primera semana de protestas.

El gremio advirtió que los bloqueos de carreteras están impidiendo el traslado de productos, lo que afecta el empleo, el abastecimiento de hospitales y el transporte de alimentos y medicinas. También denunció agresiones a trabajadores y choferes, así como ataques a convoyes con ayuda humanitaria.

“Es imperante poner fin a las paralizaciones, devolver la tranquilidad a las familias y permitir al país trabajar y avanzar”, señaló el organismo.

Las protestas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzaron el 22 de septiembre en rechazo al retiro del subsidio al diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

El sector productivo insistió en que el Estado debe aplicar la ley para frenar la violencia y restablecer el orden, mientras las municipalidades llaman a abrir un espacio de negociación independiente e institucional.

Primera Plana