La organización internacional sin fines de lucro, Front Line Defenders, expresó este viernes su “profunda preocupación” por el deterioro de las condiciones de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, así como su impacto en las personas defensoras en este contexto.
“Esto es atribuible a una serie de medidas institucionales y nuevas legislaciones propuestas por el Gobierno Nacional que abren un margen para el cierre de espacios fundamentales de derechos y la criminalización de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, e impactan el acceso a la justicia y la información”, especificó la organización a través de un comunicado.
En el documento, Front Line Defenders mencionó que, desde su elección en abril de 2025, tras un año y medio de transición, el presidente Daniel Noboa ha impulsado cambios “que incrementan riesgos para quienes defienden derechos”.
El texto hace referencia al Decreto Ejecutivo 60, con el cual el Gobierno redujo ministerios de veinte a catorce. Al respecto, la organización se refirió al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que pasó a subsecretaría, mientras que el Ministerio de Ambiente se fusionó con Energía y Minas. “Esto eliminó la fiscalización independiente del sector minero y debilitó la protección ambiental”, reiteró.
Para Front Line Defenders, “la mayor parte de los casos de defensoras en riesgo ocurre en conflictos socioambientales, con criminalización de líderes comunitarios que reclaman participación y consulta previa”.
Por otro lado, el comunicado argumentó que las disposiciones del decreto “contradicen compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador en 2020, que exige acceso a la justicia e información ambiental, además de protección para defensores”.
Nuevas leyes y hostigamiento institucional
La ONG también criticó la Ley de Transparencia Social, denominada “Ley de Fundaciones”. Noboa dijo que busca frenar flujos irregulares de capital en entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la organización observó que «el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo formalmente asocia en su justificativa a organizaciones de la sociedad civil o sin ánimos de lucro con actividades terroristas o ilícitas».
De igual manera, alertó sobre la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia, aprobadas como proyectos económicos urgentes. Para Front Line Defenders, este trámite exprés de 30 días impide la discusión pública y la participación social.
Además, cuestionó los «ataques de Noboa» a la Corte Constitucional, tras suspender artículos de tres leyes clave del Ejecutivo.
«El Ejecutivo respondió con ataques públicos y una marcha contra la Corte, donde se mostraron rostros de jueces, lo que, según el tribunal, comprometió su seguridad e independencia», insistió la organización.
Finalmente, exhortó al Gobierno Nacional a no avanzar con iniciativas que intensifiquen las restricciones a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos.
En particular, Front Line Defenders pidió al Gobierno archivar de manera definitiva la “Ley de Transparencia Social” y modificar las normas que restringen la labor legítima de las organizaciones sociales. Exigió reconocer la labor positiva de las personas defensoras y garantizar que puedan ejercer su trabajo sin represalias ni estigmatización.
También, instó al Estado ecuatoriano a asumir su responsabilidad de fortalecer de manera activa la agenda de derechos humanos, lo que exige reconocer públicamente el papel positivo y legítimo de quienes los defienden, asegurando que ningún funcionario público contribuya a su estigmatización o difamación, y que se ofrezcan disculpas públicas cuando ello ocurra.
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