“Es necesario que el Estado Mexicano instaure una comisión mixta con autoridades norteamericanas para revisar que las empresas fabricantes de armas no puedan vender o
ingresar armamento bélico a México”
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su preocupación por los escasos esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses para frenar el tráfico ilegal de armas a territorio mexicano.
El pasado 24 de mayo se cumplió un año de los lamentables sucesos ocurridos en una primaria de Texas, cuando un hombre armado asesinó a 19 niños y dos adultos. Ante estos sucesos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió a los líderes políticos de su país que tengan el valor de abrir la posibilidad de prohibir las armas de asalto en la población civil, pues es de sobra conocida la facilidad con la que cualquier persona puede adquirirlas en ese país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna acción por restringir el uso de armas en Estados Unidos ni tampoco por detener el tráfico ilegal hacia México.
El pasado 15 de marzo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, en conferencia de prensa señaló que cada año más de 200 mil armas ilegales ingresan a nuestro país desde Estados Unidos. No obstante, de esa cantidad, solo al 15% se les da seguimiento, pues la mitad de los Estados de México son incapaces de rastrear las armas utilizadas para cometer crímenes dentro de su territorio. En suma, no contribuyen a las investigaciones que se realizan para encontrar a los traficantes de este armamento.
El ingreso de armas sofisticadas ha generado, en los últimos 15 años, un incremento en la violencia en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios aumentaron de 11, 658 en 2004 a 28, 830 en 2020. Este problema también ha traído consecuencias negativas en rubros como la salud pública y la economía, al causar una baja en la inversión en varios Estados del país.
El Comisionado Presidente, Víctor Gutiérrez Yáñez, cree necesario que el Estado Mexicano instaure una comisión mixta con autoridades norteamericanas para revisar que las
empresas fabricantes de armas no puedan vender o ingresar armamento bélico a México y América Latina. Reiteramos que este problema ha generado inestabilidad social y una
constante violación a los Derechos Humanos, donde se le ha restado importancia al respeto y protección de la vida humana.
En la CIDHPDA exigimos al Embajador Ken Salazar que su preocupación sobre el crecimiento de la comercialización de armas que llegan a México encuentre los acuerdos necesarios para su disminución y se garanticen los Derechos Humanos de muchos mexicanos que, lamentablemente, ha perdido la vida por un arma de fabricación estadounidense.
