En el programa Políticamente Correcto, los panelistas Ruth Hidalgo y César Rohon consideraron que la muerte cruzada quizás sea la única alternativa que tiene el Gobierno frente al juicio político y la grave crisis del Ecuador.
El proceso de juicio político a Guillermo Lasso se ventila en la Corte Constitucional, misma que en los próximos días decidirá la admisibilidad o no del proceso. De esta manera, el escenario sobre la destitución a Guillermo Lasso de la Presidencia de la República es un tema de debate.
Y frente a este panorama, la titular de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, y el exasambleísta y exmilitante del PSC, César Rohon, piensan que el Primer Mandatario debiera pensar ya en la muerte cruzada.
En el programa Políticamente Correcto del domingo 26 de marzo, la también deacana universitaria opina que la crisis política en Ecuador no se solucionaría, incluso si la Corte Constitucional no da paso al juicio político contra Lasso. A su juicio, la única salida sería decretar la muerte cruzada, lo que le permitiría al Presidente gobernar “tranquilamente”, mientras se convocan a nuevas elecciones, por unos seis meses.
“Guillermo Lasso debió llamar a muerte cruzada al inicio de su gobierno, después de la vacunación del Covid-19”, aseguró Hidalgo.
Rohon apoyó esa idea bajo el sustento de que, incluso así el juicio político naufrague en la Corte, la Asamblea Nacional no descansará hasta destituir a Lasso. Por su parte, el asambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe, quien también participó en en el programa, mostró una posición poco clara frente a los efectos políticos posteriores a la muerte cruzada.
“Si por el bien del Ecuador debe haber muerte cruzada, que venga, así nos iremos todos”, dijo el dirigente indígena. No obstante, reconoció que esa decisión puede generar protestas sociales lideradas por el movimiento indígena y de efectos inesperados.
¿Qué es un dictamen ficto y qué efectos tiene en el juicio político?
Ruth Hidalgo asegura que un escenario posible dentro de la Corte Constitucional frente al pedido de juicio político se conoce como ‘dictamen ficto’. Es decir, que si no se llega a un acuerdo entre los jueces de la Corte para admitir o inadminitir el proceso, el proceso quedaría en nada y la Asamblea podría entender esa posición como “silencio administrativo”.
“Si esto sucede, la solicitud volvería a la Asamblea Nacional para que se resuelva qué hacer con el trámite”, concluyó Hidalgo.
Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, aseguró en declaraciones a la prensa que la decisión que se tome estará sujeta a las leyes ecuatorianas, como muestra de independencia de poderes.
Frente a toda es realidad y ante un “país desmadrado”, César Rohon insiste en que el Gobierno no debe esperar más tiempo para cerrar la Asamblea.
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¿La Asamblea puede declararse en resistencia?
Si Guillermo Lasso decide disolver la Asamblea, mediante el mecanismo constitucional llamado muerte cruzada, Ruth Hidalgo dice que no le extrañaría que los legisladores busquen declararse en resistencia o buscar una acción de protección con algún juez. “El constante abuso de garantías constitucionales podría ser usado por los asambleístas para invalidar la muerte cruzada”.
El asambleísta Quishpe aclaró que él no se declararía en resistencia, pero sí aseguró que continuaría la lucha en las calles. “Y no es protestar por un puesto, es por las necesidades de todos los ecuatorianos”.
Un gobierno civil militar ante el descontrol social
Para el exasambleísta Rohon, si la crisis política en Ecuador no se ve solucionada con la muerte cruzada, por la insistencia de los grupos sociales en tomarse las calles, “las Fuerzas Armadas podrían intervenir en la instauración de un nuevo gobierno civil-militar”. Un escenario que Ecuador no ha visto desde hace varias décadas.
“Los militares tienen que poner orden y seguramente elegirían un ciudadano como presidente hasta que se convoquen a nuevas elecciones”, concluyó Rohon.
El presidente Lasso está a la espera de que la jueza Teresa Nuques, designada como ponente en la revisión constitiucional del pedido de juicio político, convoque a los jueces para deliberar. La posición de la Corte se conocería hasta el jueves 30 de marzo.
Fuente. Ecuavisa
