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Así lo anunció el Ministerio de Educación a través de un comunicado.
El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que las clases presenciales en todos los centros de educación del país se reanudarán el próximo 14 de marzo, tras dos años de medidas de restricción aplicadas por la pandemia de la COVID-19.
El Ministerio de Educación, en un comunicado, indicó que esa decisión surgió luego de que las autoridades sanitarias advirtieran de una reducción en las tasas de contagio por coronavirus y ante el incremento en los niveles de vacunación en el país.
Asimismo, la decisión obedece a las nuevas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que desde este lunes decidió eliminar el sistema de semaforización epidemiológica, que establecía diferentes grados de restricción según los niveles de contagio en cada una de las jurisdicciones del país.
Asimismo, el COE decidió flexibilizar las medidas de control a la movilidad de personas durante el puente festivo de carnaval, que se extenderá desde este viernes hasta el martes de la próxima semana.
El Ministerio de Educación precisó que hasta antes del 14 de marzo el sistema educativo en el régimen de la zona costera se mantendrá con la asistencia presencial de alumnos de manera voluntaria, con un límite en el aforo de las aulas, sobre la base de 2,25 metros cuadrados por persona, hasta finalizar el año lectivo el 4 de marzo.
En el régimen de la sierra andina y la Amazonía, ese mismo sistema se mantendrá hasta el 11 de marzo, ya que el día 14 entrará en vigor el sistema presencial obligatorio para todos los estudiantes.
Ecuador supera al momento los 819.800 casos confirmados de contagio con el virus de la COVID-19 y mantiene una tendencia a la baja, luego del incremento que se registró en las primeras semanas del año, tras las fiestas de diciembre y la aparición de la variante ómicron.
Previo a ese rebrote, Ecuador había anticipado el retorno total a clases presenciales para el 7 de febrero, pero el repunte epidemiológico retrasó las estimaciones.
Fuente. Ecuavisa
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El Presidente de la República, Guillermo Lasso, firmo un nuevo decreto ejecutivo para dar el indulto presidencial a varias personas privadas de la libertad, junto a esto se presentó la Política Pública Del sistema de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos que se plantea para enfrentar la crisis carcelaria.
Con esto se otorgará los beneficios penitenciarios a aquellos PPL que mantengan una sentencia condenatoria ejecutoria por delitos como robo, hurto, abuso de confianza y estafa, para lo cual deben haber cumplido al menos un 40 % de su condena si fueron sentenciados con el Código Penal y un 60 % sí recibieron la condena con el Código Orgánico Integral Penal y no deberán tener otra sentencia ejecutoriada ni ser parte de una investigación previa en su contra u otro proceso penal.
En cuanto a la primera política de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos se enmarca en otorgar a PPL acceso a educación, salud, trabajo, cultura y deporte, crecer sin oportunidades y en el olvido del Estado por varios años, nos ha dado estos dolorosos resultados como país, mencionó Bernarda Ordóñez, secretaria de DD. HH.
También se resaltó que con la política pública se crearán carreras técnicas, convenios con empresas para que den trabajo a las PPL, programas de desintoxicación, atención especial a jóvenes infractores, mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guía penitenciarios, un observatorio de las acciones, un censo a la población carcelaria.
Fuente. Radio Sonorama
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El esquema delictivo para direccionar causas judiciales involucra a jueces, funcionarios y abogados. Pese a que el Pleno de la Judicatura recibió informes de las vulneraciones a los sorteos desde 2019, esperó tres años para blindar el sistema.
Fuente. última Hora Ecuador
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Según Llori, hay intereses políticos que apuntan primero al Legislativo y que luego, irían por el primer mandatario.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, denuncia que “existe una conspiración en marcha que primero apunta al Legislativo y que luego, iría por el primer mandatario”.
En el partido Socialcristiano aseguran que “esos criterios no tienen sustento”, y que en el pasado ya demostraron no estar de acuerdo con ir contra el orden constituido. Sin embargo, analistas sostienen que el ‘pacto de mayo' entre el correísmo y el PSC 'sigue vivo'.
La presidenta de la Asamblea a través de su cuenta de Twitter enciende una alerta y señala que no se prestará a cumplir caprichos de ciertas bancadas o asambleístas conspiradores, que tienen intereses estrictamente políticos.
La titular del Legislativo también deslinda su responsabilidad en la aprobación de la Reforma Tributaria y señala que por culpa de los votos de la bancada de UNES se aprobó por el Ministerio de la Ley, y ahora quieren lavarse la cara, volviéndola a tratar, haciendo protagonismo político, con el objetivo traer a Rafael Correa para las próximas elecciones.
Se acusan de conformar una nueva mayoría al correísmo con socialcristianos y los desalineados de Pachakutik. El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, señala que eso no tiene pies ni cabeza.
No hay razón para pensar que se quiera ir hacia una destitución del presidente Guillermo Lasso, que ellos han demostrado que eso no es lo que buscan.
No son solo algunos sectores políticos los que añoran el como estaban las cosas antes, y que eso es algo que se debe tomar en cuenta.
Por lo que las aguas del escenario político se volverán a agitar y habrá que ver cómo responde el Ejecutivo que hasta el momento guarda silencio.
Fuente. Ecuavisa
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En la primera propuesta las niñas no tenían tiempo límite para interrumpir el embarazo producto de una violación.
Ayer 17 de febrero de 2022, con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el texto final de la Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Pero antes el Pleno lo negó. En la primera votación no hubo los votos suficientes. Frente a ello, la sesión fue suspendida, tras la moción de la asambleísta Johanna Moreira (ID) para realizar ajustes al documento.
¿Cuáles? Principalmente los plazos. En el primer informe se contemplaba interrumpir el embarazo hasta la semana 16 para las mujeres mayores de edad. Luego del receso los plazos fueron nuevamente modificados: pasó de 16 a 12 semanas.
Mientras que en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad el tiempo se mantuvo: 18 semanas. Y así fue aprobado.
El cambio ha generado rechazo por movimientos de mujeres feministas que aseguran: "Es ley, pero no es justa, ni reparadora, ni inclusiva". De hecho, la ponente del proyecto, Johana Moreira, asambleísta de ID, entre lágrimas, sostuvo “las mujeres adultas y empobrecidas nos hemos sacrificado por las niñas”.
Así, aunque el dicho popular dice que "la tercera es la vencida", no fue aplicable en la Asamblea, pues tomó cuatro modificaciones en la temporalidad para que exista un consenso. Aquí un repaso:
EL VIACRUCIS DE LOS PLAZOS
El pasado 11 de enero la Comisión de Justicia estableció un plazo de 28 semanas de gestación para el aborto mientras que las menores y mujeres con discapacidad no tenían plazo.
Sin embargo, la temporalidad fijada generó polémica y la Comisión presentó nuevos tiempos: 22 semanas de gestación para las menores de edad y 20 semanas para las mayores de 18 años.
Paralelamente los asambleístas Sofía Espín (UNES), Ricardo Vanegas (Pachakutik), y Dalton Bacigalupo (ID), presentaron un informe de minoría que contemplaba el plazo hasta las 6 semanas para mujeres mayores a 18 años y hasta 12 semanas de gestación para las niñas.
Pero los plazos cambiaron una vez más en el informe de mayoría. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia, tras el segundo debate, modificó los tiempos hasta las 16 semanas de gestación para las mujeres mayores de edad, y 18 semanas para niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades
Pero tampoco calzó como fue demostrado en la primera votación. Finalmente los tiempos quedaron en 12 para mujeres mayores de edad y 18 semanas para niñas.
UN PLAZO QUE RESTRINGE
Ana Vera, abogada de Surkuna sostiene que la temporalidad aprobada la Ley no va evitar la clandestinidad, "va a suponer la exclusión de las mujeres y niñas más vulnerables del acceso al servicio a salud".
La organización que ha seguido los casos de 21 víctimas de violación, revela que, "una niña de 10 años tarda tiempo en darse cuenta que está embarazada (...) En nuestra experiencia en la mayoría de los casos las niñas han llegado desde la semana 18 hasta la semana 20". Y son ellas quienes no podrán acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación, bajo los tiempos aprobados hoy en la Asamblea.
Fuente. Ecuavisa
