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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo un llamado a la calma y a la unidad del movimiento indígena, tras los recientes acontecimientos registrados en la provincia de Imbabura. A través de un comunicado oficial, la organización reafirmó su compromiso con la cohesión interna y la conducción colectiva como ejes fundamentales de su acción política y organizativa.
El Consejo de Gobierno de la Conaie, junto con sus regionales Ecuarunari, Confeniae y Conaice, instó a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a mantener la calma y actuar con disciplina y respeto hacia sus estructuras organizativas. En el documento, la dirigencia destacó que la unidad ha sido históricamente su mayor herramienta para resistir y avanzar en defensa de sus derechos.
En respuesta a los eventos ocurridos en Imbabura, la Conaie aclaró que ni la confederación ni sus regionales fueron convocadas a la mesa de diálogo y que respetan la decisión de las estructuras locales. No obstante, recordaron que las demandas planteadas corresponden a una agenda de carácter nacional.
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Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional fueron enviadas a la Asamblea Nacional con carácter "económico urgente".
La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional, promovidas por Noboa.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó cambios ante el fallo de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales las dos leyes el 26 de septiembre.
El organismo tributario señaló que en cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, se dejan sin efecto las siguientes disposiciones de carácter tributario establecidas en las dos leyes declaradas inconstitucionales.
Con base en la sentencia No. 52-25-IN/25 y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, junto con su reglamento y normas conexas, quedan sin efecto, con aplicación hacia el futuro, el régimen de remisión tributaria aplicable a pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Dirigentes indígenas denuncian represión y aseguraron que el paro continuará con nuevos pueblos que se sumen a esta acción.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ofreció una rueda de prensa en su sede de Quito para denunciar la represión de las movilizaciones y exigir la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126.
Estos puntos son los parte de un documento de nueve pedidos, entre los que consta “la derogatoria inmediata del decreto que posibilitó la eliminación del subsidio al diésel, de las medidas económicas que encarecen la vida del pueblo, que el IVA vuelva al 12 % y la libertad inmediata de todos los detenidos por el paro”.
Además plantean: solución a la crisis en salud y educación, respeto a la protesta social y cese de la expansión minera y petrolera,
El presidente de la organización, Marlon Vargas, informó que, según sus cifras, existen 11 detenidos que corresponden al pueblo Quichua Cayambe y 12 pertenecientes al pueblo Quichua Otavalo, en el marco de las paralizaciones.
Vargas aseguró que el movimiento indígena continuará en resistencia. “El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo”.
Recalcó que no darán “un paso atrás a la rebelión ni al miedo” e hizo un llamado a mantener la unidad en las movilizaciones.
Contra la estigmatización
Por su parte, el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, cuestionó la estigmatización del movimiento indígena:
“Muchas personas nos quieren bañar en la imagen de que somos vandálicos y terroristas. No somos terroristas, estamos resistiendo aquí no solo por los pueblos y nacionalidades; el Decreto 126 va a afectar a todos los bolsillos”, afirmó.
La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, también intervino para rechazar la consulta popular convocada por el Gobierno:
“El 16 de noviembre nos veremos obligados a decir NO al autoritarismo, a la dictadura”.
Los dirigentes responsabilizaron al presidente Daniel Noboa, al ministro del Interior y al ministro de Defensa por la “brutalidad militar” que, aseguran, ha dejado a poblaciones indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad.
Los dirigentes de la Conaie, a su turno, condenaron el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa de Cotacachi, hecho ocurrido el último domingo 28 de septiembre.
Radio Pichincha
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Las polémicas normas anuladas por la Corte Constitucional fueron la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública
La noche del 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dos leyes clave del Gobierno de Daniel Noboa, con lo que justifica toda sus acciones en las movilizaciones indígenas y su aparente lucha contra la inseguridad, así como otro tipo de acciones en el ámbito económicos y social.
Literalmente, ambas leyes tenían un porrurí de normas.
Por eso, la CC señaló que la Ley de Solidaridad Nacional “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”, mientras que la Ley de Integridad Pública vulneró “la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática”.
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La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) expresó este lunes 29 de septiembre su pesar por la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cotacachi, y planteó la instalación de mesas de diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
En un comunicado, la AME advirtió que “ninguna demanda ciudadana debe ser respondida con represión” y destacó la necesidad de preservar la vida y la paz social. Además, mostró su solidaridad con la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien enfrenta un proceso judicial, y rechazó medidas como el bloqueo de cuentas que —dijo— pueden interpretarse como presiones políticas.
“Hoy más que nunca, nuestro deber como municipalidades es cuidar la vida, preservar la paz social y trabajar por la reconciliación nacional”, señaló la entidad.
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