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Una acción de inconstitucionalidad se presentará este martes 15 de marzo para intentar dar de baja las amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional, así lo destacó en Radio Sonorama, Patricio Alarcón, parte de los colectivos de Quito. Asegura que tal vez no sea posible dejar sin efecto el beneficio legislativo, pero a su criterio hay que intentar cualquier iniciativa.
Y es que Alarcón sostiene que rechazan el perdón a las 60 personas que participaron en los hechos de octubre del 2019. “Nosotros sabemos quiénes fueron los líderes, quienes quemaron la Contraloría, quienes atentaron contra Quito. Los autores intelectuales son los responsables, están identificados”.
Alarcón no descarta plantear la revocatoria a los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de la amnistía a los 60 involucrados en octubre del 2019, a los cuales llamó “delincuentes”. Razón por la que rechaza la labor legislativa que dice se centra en la pugna política y no en temas que aporten al país.
Fuente. Radio Sonorama
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En Napo, todas las denuncias registradas, entre 2020 y 2022, se encuentran aún en investigación previa.
La minería ilegal se tomó Napo. Así quedó evidenciado, el pasado 13 de febrero de 2022, cuando alrededor de 1.600 militares y policías ejecutaron un operativo en la zona de Yutzupino, al sur de la provincia. Es que en las riberas del río Jatunyacu, mineros ilegales lavaban oro, contaminando, así, el agua.
Días más tarde, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró que, aunque se tenía información sobre lo que ocurría en Yutzupino, las autoridades no pudieron actuar antes debido a los bloqueos de parte del juez que no permitía los allanamientos. En la misma línea, la fiscal Diana Salazar, sostuvo que los funcionarios públicos, encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales.
Ante los hechos y aseveraciones de las autoridades, cabe preguntarse ¿qué pasa con las denuncias por minería ilegal?, ¿se investigan los casos? Veamos.
Es que según datos de la misma Fiscalía General del Estado, aunque las denuncias por minería ilegal han aumentado 30% entre 2020 y 2021. Sin embargo, las investigaciones no avanzan.
De hecho, en Napo, de las 34 denuncias registradas durante 2020 y 2022, ninguna ha tenido una resolución. Un panorama que se extiende a nivel nacional, pues de las 253 denuncias totales en 2021, solo 11 han tenido sentencia condenatoria y 206 continúan en investigación previa, es decir, el 80%.
Mientras que, en 2020 de las 184 denuncias solo 23 tuvieron sentencia. Y 102 aún siguen en investigación, más de la mitad.
El Oro, por ejemplo, es la provincia donde más denuncias por minería ilegal se registran. De las 69 inscritas en 2021, solo cuatro tienen sentencia condenatoria, y 58 se encuentran en investigación previa.
En esta provincia se encuentra Zaruma, donde la noche del 15 de diciembre de 2021, dos casas consideradas patrimonios culturales se desplomaron, y alrededor de 300 personas tuvieron que ser desalojadas debido a actividad minera ilegal, según el Gobierno.
Más denuncias, durante el año anterior, se concentraron en las provincias de Zamora Chinchipe (48), Imbabura (22), y Azuay (17). En total 87 denuncias y ninguna ha tenido una resolución.
Las cifras no sorprenden a Ivonne Ramos miembro de Acción Ecológica desde 1992, quien conoce de cerca las problemáticas alrededor de la minería en Ecuador, "desde 2016 ha habido un repunte de actividades mineras a nivel nacional".
Aquello responde a varios factores, explica, por un lado, "desde la última década ha habido un repunte en el precio del oro, lo que provoca que sea una mercancía de mucha inversión".
Ramos recuerda lo sucedido en la localidad de Buenos Aires, ubicado en la provincia de Imbabura, un año después, en 2017, "mineros ingresaron de manera abrupta y se instalaron allí, empezaron a hacer actividades mineras lo que vino acompañado de violaciones sociales como sicariato, destruyeron las montañas".
Pese a que fueron desalojados, en 2019, y que el lugar está custodiado por militares, señala, las comunidades, asegura Ramos, denuncian que constantemente vehículos salen con piedras mineralizadas.
Por otro lado, Ramos, señala que el auge minero en zonas ecológicamente delicadas (como páramos), y ahora, vulneradas, pone al Estado como actor principal, "los sitios donde ha emergido (la extracción) es donde el Estado ha entregado concesiones mineras".
De hecho, en 2021 el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto 151, para incrementar la producción minera. Muchas de estas zonas, asegura Ramos, se entregaron concesiones sin la consulta previa a las comunidades, y pueblos indígenas. En ese sentido, dice, "en el país toda la minería es ilegal, inclusive las que se dicen legales porque han entrado al territorio incumpliendo la Constitución".
Que el 80% de las denuncias continúe en investigación previa, responde a lo que sucede en el territorio, Ramos señala que, la minería ilegal está caracterizada, en su mayoría, por la relación con el crimen organizado. En ese sentido, asegura que, pese a que en las comunidades se llevan adelante procesos judiciales, muchas veces los denunciantes son amenazados a muerte.
Los casos, tal como reflejan los datos, pocas veces logran obtener respuestas.
Así, en el país existen aproximadamente más de 2 millones de concesiones mineras, asegura la experta, y tras el decreto se espera que el número aumente.
Fuente. Ecuavisa
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El ex Presidente tiene pendiente dos casos, la posesión de armas que aún no definen fecha y el caso de delincuencia organizada que el sobreseimiento otorgada fue revocada.
La decisión del Gobierno de EE.UU. de considerar al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) y su familia como “no elegibles para ingresar” a ese país pone, nuevamente de relieve, su situación jurídica.
Sin embargo, no precisa a qué casos se refiere, tomando en cuenta que ellos han sido sobreseídos en la mayoría de casos.
Según un comunicado compartido este miércoles 9 de marzo de 2022, por la Embajada estadounidense en Quito, esta decisión se toma por “su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los proceso públicos”. “El expresidente todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”, agrega el comunicado.
Sobre esta situación, uno de las abogados de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, indicó a diario Expreso, que no les sorprende la resolución del Departamento de Estados Unidos. "A quienes hemos estado al frente de la defensa de los casos de la familia Bucaram esto no nos sorprende", señaló.
Bucaram regresó a Ecuador en junio de 2017, luego de 20 años de exilio en Panamá desde su destitución como presidente de la República, en febrero de 1997, luego de lo cual fue enjuiciado en dos procesos, Mochila Escolar y Gastos Reservados, pero los casos prescribieron sin una sentencia en firme.
Mientras que, desde 2020, la familia Bucaram ha enfrentado en Ecuador cuatro casos penales que se han diluido en la justicia.
1) Tráfico de armas
El expresidente Bucaram fue llevado a juicio por la posesión de un arma de fuego y municiones sin tener permisos para portarla. El 4 de enero de 2022, se suspendió la diligencia debido a la inasistencia de testigos convocados por Fiscalía, por lo que se designó una nueva fecha para reinstalación de la audiencia de juzgamiento.
2) Tráfico ilícito de bienes de patrimoniales
El proceso se inició el 3 de junio de 2020, cuando en un allanamiento al domicilio del exmandatario se encontraron 22 piezas arqueológicas que no fueron justificadas. El 16 de julio de 2021, el juez ratificó sobreseimiento a favor de Bucaram Ortiz y también levantó las medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que ya no deberá presentarse ante la Fiscalía, no utilizará grillete y no tendrá impedimento para salir del país.
3) Delincuencia organizada- Caso Israelís
Aquí también estuvieron procesados Abdalá y su hijo Jacobo Bucaram. Fueron sobreseídos, pero fue revocado.
La Fiscalía los señaló por participar en una operación ilegal para la compra y venta de pruebas de diagnóstico Covid-19. En este caso también se sumaron dos ciudadanos de nacionalidad israelí. Pero, el 4 de octubre de 2021, el juez Giovanny Freire sobreseyó a Jacobo y Abdalá Bucaram, Verónica Araujo y Bryan Pérez. En su lugar, solo tres personas fueron llamadas a juicio.
Según Freire, los Bucaram fueron compradores de pruebas Covid-19 de forma privada y no se involucraron en su comercialización. Pero esta decisión tomó un giro y fue revocado. Por el momento no tienen una fecha confirmada para este caso.
4) Delincuencia organizada – Caso IESS.
Los involucrados fueron ‘Dalo’, Michel y Jacobo Bucaram y Gabriela Pazmiño, quienes fueron sobreseídos. La jueza Carmen Vásquez aceptó la apelación de Fiscalía, pero los votos de los jueces José Poveda y Alberto Lino dieron paso a que se ratifique su inocencia.
En este caso está vinculado Daniel Salcedo quien guarda prisión.
La relación de la familia Bucaram y los EE.UU. ha sido particularmente sensible en los últimos años. El expresidente fue intervenido quirúrgicamente, por problemas cardiacos, en Houston en 2014 y dos veces más en 2016. Fueron años en los que mantenía su asilo político en Panamá y no podía regresar a Ecuador.
Además, sus hijos Michel, Dalo y su esposa Gabriela Pazmiño permanecieron en Miami, desde marzo de 2020, poco antes de que estallara el caso de las compras de medicinas, al inicio de la pandemia. Luego viajó a Panamá.
Dalo Bucaram pudo volver a Ecuador en octubre de 2021, una vez que fue sobreseído.
Fuente. Ecuavisa
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También dejó gravemente herida a su pareja, quien había denunciado las amenazas en la Fiscalía.
Hay conmoción e indignación en la comunidad de Calpaz, del cantón Montúfar, en Carchi, tras el asesinato a bala y machetazos de cuatro integrantes de una familia.
La Policía señaló que el autor de esta masacre mató a su hija de ocho años, a su cuñada y suegros. También dejó gravemente herida a su pareja, quien había denunciado las amenazas en la Fiscalía.
Todo se origina por los maltratos que recibía una mujer por parte de su esposo durante 10 años, la ruptura de la relación debido a la violencia resultó marcada por amenazas de muerte, que si se cumplieron.
El atacante mató con disparos y machete a su hija de 8 años, a su cuñada de 17 y a sus suegros, en presencia de su segunda hija, una bebé de aproximadamente 2 años de edad.
La esposa del atacante está herida, posee dos disparos, uno en su ojo y otro en el hombro. En días pasados, la mujer habría llegado hasta la Fiscalía a denunciar las amenazas y agresiones, pero su decisión de frenar la violencia no fue suficiente.
Criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres tanto del interior de la casa como de sus alrededores. La familia se dedicaba a la ganadería.
La Policía encontró una carta escrita por el asesino, quien solicita que cuiden a su hija de dos años de edad.
Se desconoce el paradero de quien sería el autor de esta matanza que conmociona a la comunidad carchense.
Fuente. Ecuavisa
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Este miércoles 9 de marzo, la Plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) con base en las cifras epidemiológicas presentadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) tomó decisiones relacionadas con los aforos para los partidos de las selecciones de Ecuador contra Argentina y Barcelona vs. América Mineiro de Brasil debido a que todos los indicadores epidemiológicos son alentadores y evidencian una clara tendencia a la disminución.
El número de contagios, que en la segunda y tercera semana de enero llegaron a cerca de 52.000, la semana anterior experimentaron un descenso bastante importante contabilizando 9.007 casos y esta semana se registran 7.187 contagios a escala país lo que significa una tendencia a la baja sumamente marcada.
La hospitalización y cuidados intermedios están cerca del 20% y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se ubican aproximadamente en el 40%. De igual forma hay descensos en cuanto a atenciones médicas de temas respiratorios: en la segunda semana de enero hubo 58.300 atenciones y ahora esa cifra bordea los 2.200 casos, lo que equivale una reducción de más del 96%. El porcentaje de positividad y el exceso de mortalidad están a la baja en sus estadísticas gracias al plan de vacunación y las medidas técnicas tomadas en tiempos y momentos precisos de la crisis sanitaria, lo que permitió salvar miles de vidas.
El titular de este organismo, ing. Juan Zapata, indicó que “sobre la base de este informe y atendiendo las solicitudes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del Barcelona Sporting Club, la Plenaria del COE Nacional por unanimidad de sus miembros decidió que el partido a desarrollarse el 29 de marzo a las 18:30 por eliminatorias mundialistas entre las selecciones de Ecuador y Argentina en el estadio Monumental de Barcelona cuente con un aforo sugerido del 75%. Además, se decidió que el cotejo a desarrollarse por la Copa Conmebol Libertadores entre el Barcelona Sporting Club y el club América de Brasil tenga un aforo sugerido del 75%. Esto significa que estos dos eventos podrían contar con 42.748 aficionados”.
“Nos dar estas noticias positivas que tienen una base fundamental: un plan exitoso de vacunación pero sobre todo un manejo integral de la pandemia con medidas técnicamente adoptadas y adecuadas que el tiempo ha dado la razón al COE Nacional. El Ecuador camina al escenario de la reactivación. El esfuerzo valió la pena”, enfatizó Zapata.
En los próximos días, el COE Nacional se reunirá para emitir nuevas resoluciones y analizar también las estadísticas y situación epidemiológica relacionada con el feriado de Carnaval 2022.
