Algunos ediles expusieron las acusaciones, que fueron presentadas en la Contraloría General del Estado y Fiscalía.

Las denuncias en contra de Santiago Guarderas indican que habría violado la Ley de la Consulta Popular de 2017, en la que se estableció que quien se candidatice a un cargo de elección popular a través de elecciones no debe tener acciones ni ser socio en países que para ecuador son paraísos fiscales.

En la reunión del Concejo, algunos ediles expusieron las acusaciones, que fueron presentadas en la Contraloría General del Estado y Fiscalía.

Lo que se investiga es si Guarderas ha sido socio de una compañía dedicada a temas inmobiliarios en Panamá. Frente a esta acusación, el alcalde se defendió. No tengo acciones offshore, he cumplido la Ley", “Todo esto saldrá a la luz ante los órganos competentes, ante la Contraloría y la Fiscalía, esos son los órganos para juzgar y ahí es donde voy a responder y no aquí en el Concejo, frente a algunos intereses”, dijo ante el Consejo.

El concejal Luis Reina, mocionó para que se incorpore en el punto 4 del orden del día la conformación de una comisión que investigue las denuncias presentadas en la Fiscalía y Contraloría del Estado relacionadas con una supuesta empresa offshore en la cual Guarderas tendría acciones.

Con 11 votos en contra, 6 a favor y cuatro abstenciones, el Concejo Metropolitano de Quito negó la creación de una comisión, aduciendo que la Contraloría y Fiscalía son los organismos encargados de efectuar esas indagaciones.

Fuente. Ecuavisa 

 

 
El cálculo de pensiones debe hacerse sobre los cinco mejores años de sueldos y salarios. Jubilados piensan poner acción de cumplimiento contra el IESS.
Al menos 18.285 jubilados esperaban recibir en diciembre sus pensiones de acuerdo con un promedio de los mejores cinco años de salarios.
Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social les sigue aplicando la fórmula que ha sido considerada inconstitucional y que les perjudica entre $ 50 y $ 200 mensuales a cada uno.
Fuente. última Hora Ecuador 

El titular del organismo deportivo fue acusado por el Servicio de Rentas Internas

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, fue denunciado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por presunta defraudación tributaria en la omisión de ingresos en declaración fiscal. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) este lunes 14 de febrero del 2022.

Por ello, la FGE espera la fecha y horario para formular cargos contra el titular del ente que organiza el campeonato nacional de fútbol. Esto, por el informe del SRI que revela que sus ingresos en el 2013, no coinciden con la información en su declaración de Impuesto a la Renta.

De momento, el directivo no se ha pronunciado al respecto. Su última publicación en Twitter, donde siempre ha sido reactivo ante cualquier suceso, hace referencia al pago que la LigaPro realizó a los árbitros.

El presidente de la República, destacó que lamentablemente no es portador de buenas noticias, puesto que debe aceptar que en #Guayaquil hay la presencia del narcotráfico y micro-narcotráfico lo que produce pelea entre bandas.
Anunció que en lo que va del año se ha incautado más de 30 toneladas de droga.
Detalló que la Ley bipartidista que se tramita en el Congreso de EE.UU. ayudará a Ecuador a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Fuente. última Hora Ecuador 

El liderazgo indígena de Ecuador valoró este viernes la reciente sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su territorio como un paso en la lucha contra el cambio climático.

Así lo expresaron en una comparecencia virtual dirigentes nacionales y de la región amazónica, una semana después de que el alto tribunal fallara a favor de la nacionalidad Cofán, en el conocido como Caso Sinangoe, ratificando que sus miembros no fueron consultados sobre decenas de concesiones mineras en sus tierras ancestrales y que debían ser reparados por ello.

Un líder de la comunidad de Sinangoe, Wider Guaramag, explicó que la sentencia de la Corte Constitucional en contra de las concesiones mineras en las riveras del río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos, se enmarca en el combate a la crisis climática.

"Nuestros abuelos han dejado un territorio libre de contaminación, eso hemos heredado y es lo que queremos pasar a las futuras generaciones", aseguró en la conferencia de prensa digital desde la Amazonía ecuatoriana.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, censuró que el Estado no ha garantizado los derechos de los pueblos nativos.

"(Las autoridades) han puesto como condicionante dar la educación y salud a cambio de devastar los territorios. Y cuando han tenido aquello jamás han garantizado los derechos de las comunidades", apostilló el dirigente.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, también encomió la sentencia sobre el caso Sinangoe como emblema de protección de esa región selvática frente al cambio climático.

"En la (última cumbre del clima) COP26 los gobiernos del mundo, preocupados, llegaron a un acuerdo para seguir protegiendo los territorios de las nacionalidades porque son la esperanza de la humanidad", manifestó.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador organizó el jueves un encuentro virtual con académicos y funcionarios expertos en acciones para mitigar el cambio climático en el que alertaron de un aumento de unos 2,7 grados centígrados en la temperatura del país a medio plazo, entre 2040 y 2070.

La Corte Constitucional ratificó la semana anterior las decisiones de instancias previas así como la disposición de reparación integral en las zonas afectadas por las concesiones mineras cercanas a la comunidad de Sinangoe.

De esta manera, según un documento del órgano judicial facilitado a Efe, el Estado deberá garantizar de forma "indelegable" una adecuada consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se pretenda desarrollar cualquier tipo de proyecto extractivista.

Así también detalló que "bajo ningún supuesto, el consentimiento de la ejecución del plan o proyecto, por parte de la comunidad, deberá entenderse como una carta abierta para que el Estado realice actividades de explotación".

En la comparecencia virtual los dirigentes indígenas aprovecharon para exigir a las autoridades que tomen medidas en un caso de minería ilegal que afecta a comunidades de la provincia amazónica de Napo, causa por la que marcharon el miércoles en la ciudad del Tena. EFE

Fuente. Ecuavisa